El Tribunal dispuso la detención inmediata de Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, condenados por defraudar a la obra social provincial mediante maniobras informáticas y contables. En tanto, a Sandra Fasano se le otorgó arresto domiciliario, debido a su delicado estado de salud, acreditado en el expediente.
Desde la Fiscalía de Estado se manifestó gran satisfacción ante la resolución, considerándola una medida indispensable para evitar riesgos de fuga y resguardar el resultado de un proceso judicial que demandó enormes recursos humanos y materiales en busca de verdad y justicia.
La causa se inició en mayo de 2019, a partir de una denuncia que involucró a integrantes de la cúpula del Colegio de Farmacéuticos del Alto Valle y a la auditora de la institución. Tras casi cuatro años de investigación y un juicio oral que se extendió durante un año, con más de 100 audiencias, el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado lograron la condena a prisión efectiva de los imputados, con penas que van de seis a nueve años.
Durante la audiencia, se remarcó que el daño económico provocado por las maniobras asciende a $70 millones a valores históricos, cifra que fue considerada un elemento agravante al momento de valorar el riesgo de fuga de los acusados.
La prisión preventiva fue solicitada luego de que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia denegara los recursos presentados por las defensas, cerrando así la discusión en la jurisdicción local y dejando solo abierta la posibilidad de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En paralelo, la Fiscalía de Estado continúa impulsando una demanda en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Viedma, destinada a recuperar los fondos defraudados. Dicha acción se encuentra actualmente en etapa probatoria, con medidas de inhibición sobre los bienes de los condenados.
