La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría una nueva ley impulsada por el Poder Ejecutivo, que establece un marco legal, moderno y riguroso para la conservación de la fauna silvestre provincial. La norma busca garantizar el equilibrio ecológico, regular la actividad cinegética y establecer herramientas claras para el control, fiscalización y sanción ante infracciones ambientales.
El legislador Gustavo San Roman (JSRN) actuó de miembro informante y destacó que entre los principales ejes, la ley define y clasifica a las especies silvestres según su estado de conservación —desde amenazadas hasta aptas para aprovechamiento sustentable— e incorpora criterios científicos y técnicos para su evaluación. Además, establece procedimientos específicos para la introducción, extracción y liberación de ejemplares, así como también crea categorías claras para la cría y manejo en cautiverio.
Agregó que se regulan con precisión las actividades de caza (denominadas “cinegéticas”), tanto deportivas como comerciales, científicas o de control poblacional, siempre bajo criterios de sostenibilidad y bienestar animal. También se contemplan permisos especiales para casos de subsistencia en sectores vulnerables.
Por último, el legislador resaltó que es uno de los puntos salientes es la creación del Fondo Provincial para la Fauna Silvestre, que se nutrirá de aranceles, multas y aportes públicos o privados, y estará destinado exclusivamente a financiar acciones de preservación, investigación, control e infraestructura vinculadas a la biodiversidad faunística rionegrina.
La autoridad de aplicación tendrá la responsabilidad de habilitar criaderos, registrar operadores cinegéticos, coordinar investigaciones científicas y generar campañas de educación ambiental, en articulación con otros organismos.
Debate parlamentario:
Durante el tratamiento del proyecto, las voces legislativas expresaron distintas posiciones sobre el alcance y la implementación de la norma.
El legislador Facundo López (JSRN) defendió la iniciativa señalando que “venimos con esta ley porque escuchamos a quienes teníamos que escuchar: a las instituciones y a los pobladores”.
Subrayó que el nuevo enfoque no es comercial ni económico, sino que “plantea como objetivo claro el manejo sustentable de la fauna silvestre y sus hábitats”. Aclaró además que no se elimina el cuerpo de guardafaunas, sino que se redefine su denominación y que sus funciones “se mantienen e incluso se refuerzan en materia de fiscalización”.
Desde la oposición, Magdalena Odarda ( Vamos Con Todos) adelantó el voto negativo de su bloque argumentando que la normativa vigente “es más protectora de las especies animales” y cuestionó que el nuevo marco “entiende a la fauna como un objeto de explotación económica”, implicando un cambio de paradigma que —según señaló— no favorece la conservación.
José Luis Berros (Vamos Con Todos ) también votó en contra, cuestionando la falta de tiempo para trabajar el proyecto y rechazando lo que consideró un proceso de “mercantilización de la fauna autóctona”. Además, planteó la ausencia de una consulta real al cuerpo de guardafaunas.
En la misma línea crítica, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) acompañó el proyecto pero pidió mayor claridad sobre la situación laboral de los trabajadores del área y propuso elaborar una norma transitoria. Daniel Belloso (Partido Justicialista- Nuevo Encuentro) aunque acompañó el proyecto en general, también manifestó inquietudes por el escaso tiempo para discutirlo y por la indefinición del rol de los trabajadores.
Juan Murillo (Pro Unión Republicana) compartió las preocupaciones sobre la situación del personal: “Son muy pocos los recursos que tiene la provincia para cumplir tareas tan importantes como el control de la caza”. No obstante, valoró la actualización de la norma como un avance necesario.
Claudio Doctorovich (Pro Unión Republicana) y Fernando Furgoni (CC Cívica ARI Cambiemos) insistieron en la debilidad estructural del cuerpo de guardafaunas. El primero aseguró que “hay solo dos guardafaunas para todo el territorio y sin recursos”, mientras que Furgoni reflejó un pedido de la Sociedad Rural de San Antonio Oeste para reforzar controles y sanciones. Propuso además incorporar el principio de presunción de caza como herramienta contra la caza furtiva.
Desde el oficialismo, Soraya Yauhar destacó que la ley “busca un equilibrio entre la actividad humana y las distintas especies que habitan los ecosistemas”, y remarcó que fue elaborada en diálogo con productores y sociedades rurales. En la misma línea, Lorena Matzen (Unión Cívica Radical) sostuvo que la norma “moderniza el tratamiento de la fauna silvestre, equilibrando la mirada proteccionista con la sustentabilidad del ambiente”.
Fabián Pilquinao (Vamos Con Todos) señalo que acompaña la modificación y resaltó el impacto que tiene la fauna plaga sobre los pequeños productores, lamentando también la falta de programas nacionales que los contemplen.
