Este lunes 22 de septiembre comenzará en los Tribunales provinciales de General Roca el juicio oral y público de la denominada causa Daniel Solano II, en la que están imputados tres efectivos de la Policía de Río Negro por presunto encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Las audiencias continuarán los días 23, 24, 26 y 29 de septiembre, con una importante cantidad de testigos convocados. Los policías imputados son Walter Raúl Echegaray, Cristian Gustavo Toledo y Ceferino Sebastián Muñoz.
Esta será la segunda causa por el asesinato y desaparición del trabajador rural que llegó desde el norte del país a Valle Medio para trabajar. El primer juicio de Daniel Solano, condenó a siete policías a cadena perpetua en 2018.
Los policías imputados
Los acusados son Walter Etchegaray, Ceferino Muñoz y Cristian Toledo, quienes cumplían funciones en Choele Choel al momento de los hechos. Según la acusación fiscal, habrían participado en maniobras para obstaculizar la investigación penal por la desaparición y muerte de Daniel Solano, al omitir o falsear información clave que debía incorporarse al expediente.
El caso Solano
Daniel Solano tenía 24 años, era oriundo de Tartagal (Salta) y había viajado a Río Negro como trabajador rural temporario. La madrugada del 5 de noviembre de 2011 desapareció después de ser retirado por la fuerza de un boliche en Choele Choel por un grupo de policías. Su cuerpo nunca fue hallado.
En 2018, tras un extenso juicio en General Roca, siete efectivos policiales fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía. La sentencia quedó firme en 2023, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recurso extraordinario.
Un nuevo proceso
Esta segunda causa busca establecer si hubo otros agentes que, sin haber sido parte directa del homicidio, incurrieron en maniobras de encubrimiento o abuso de autoridad, perjudicando el avance de la investigación.
En el primer juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en reclamar la máxima pena contra los acusados, aunque con calificaciones distintas: la querella sostuvo que los policías fueron coautores del delito de homicidio agravado por alevosía, mientras que la fiscalía los acusó por desaparición forzada de persona seguida de muerte.
