Ayer, uno de los dos imputados por delitos cometidos mientras cumplía funciones en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de Roca reconoció los hechos atribuidos por la fiscalía y fue condenado en el marco de un acuerdo abreviado.
El acusado, asistido por su abogado de confianza y con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas, aceptó la calificación legal y comenzará a cumplir la pena desde hoy, ya que las partes renunciaron a los plazos procesales.
Según la investigación, los hechos ocurrieron entre abril de 2021 y antes del 1 de septiembre de 2023, cuando el hombre trabajaba como auxiliar asistencial en uno de los CAINA de la ciudad. De acuerdo con lo expuesto por el fiscal del caso, “las acciones realizadas a los menores de manera cotidiana y luego amenazándolos con que no contaran nada causaron real temor a los niños y lograron su objetivo, hasta que fueron advertidas las autoridades, que realizaron la denuncia correspondiente”.
Además, la fiscalía señaló que “el segundo hecho, de abuso sexual simple, fue entre julio y agosto de 2023, en una ocasión en el sector de la cocina del CAINA, cuando el hombre efectuó tocamientos en la pierna de una de las adolescentes víctimas”.
Durante la audiencia se detalló la prueba reunida: la denuncia formulada por la Coordinadora Institucional de los CAINA, testimonios de otros operadores y de la psicóloga de los centros, informes de la delegada de SENAF, registros del Juzgado de Familia interviniente, el trabajo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las Cámaras Gesell realizadas a los menores, y pericias del Cuerpo de Investigación Forense. También se incorporó la certificación de servicios de la Subsecretaría de Organización y Recursos Humanos de SENAF respecto de las funciones que cumplía el imputado.
La condena impuesta es de 3 años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos en la administración pública, inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos Sexuales (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso. La calificación legal comprende “amenazas coactivas continuadas en calidad de coautor, y abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda, en calidad de autor, en concurso real”.
Además, deberá cumplir reglas de conducta durante tres años: fijar y mantener domicilio, no acercarse a la víctima menor de edad —por sí o por terceros— y no establecer contacto por ningún medio. En caso de incumplimiento, podría revocarse la condicionalidad de la pena.
En cuanto a la segunda imputada en esta causa, el proceso continúa en etapa de control de acusación. La audiencia, que pasó a un cuarto intermedio, se reanudará el próximo lunes a las 10.
