La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos y el paquete fiscal para el ejercicio 2026. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad en general, aunque legisladores de diversos bloques adelantaron rechazos parciales a artículos específicos vinculados al esquema impositivo y al endeudamiento.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, agradeció el acompañamiento de todas las bancadas y situó el debate en el contexto fiscal. “La situación de la provincia es la misma que la del país”, afirmó. Señaló que el presupuesto refleja límites financieros: “Atender a todos es imposible. Hay decisiones políticas y recursos donde poner. Este presupuesto es lo que podemos hacer”.
Ante cuestionamientos sobre la estructura del gasto, López sostuvo que Río Negro “está entre las tres o cuatro provincias con mejores salarios estatales”, aunque advirtió: “No podemos prometer pavadas”. También remarcó que el plan busca “desarrollo, desendeudamiento y generar superávit”.
La legisladora Roxana Yauhar (JSRN), encargada de fundamentar el proyecto del Ejecutivo, informó que el presupuesto fija gastos y recursos por un total de $3,3 billones, equivalente a un incremento del 38,05% respecto de 2025. Destacó un resultado financiero superavitario de $14.960 millones y una reducción del stock de deuda en moneda extranjera del 39,41%, lo que redujo la relación deuda/ingresos del 63,1% al 14,87%.
El gasto social será la prioridad, con 53,35% del total de erogaciones destinado a servicios sociales. El presupuesto educativo representa 37% de los recursos provinciales, incluyendo 30 obras previstas. Además, la provincia autoriza endeudamiento para obras de repavimentación, proyectos agroindustriales, gestión de residuos, aprovechamientos hídricos y parques solares, entre otras iniciativas.
Otra de las apuestas estratégicas son los proyectos energéticos vinculados a minería e hidrocarburos: el yacimiento Calcatreu, con una inversión estimada de USD 250 millones, y el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, cuya ejecución completa requerirá USD 3.000 millones.
En materia tributaria, Yauhar destacó una actualización del 25% en los impuestos Automotor e Inmobiliario —por debajo del IPC proyectado— y reducciones en alícuotas vinculadas al transporte de energía y gas natural, lo que, afirmó, “posiciona a Río Negro con la alícuota más baja del país” para esas actividades.
Acompañamiento crítico y alertas opositoras
La aprobación general tuvo matices. José Luis Berros (Vamos con Todos) adelantó el acompañamiento a las leyes “porque garantizan un marco legal en un contexto complejo”, pero pidió al Ejecutivo “aflojar con los gastos superfluos y controlar a los funcionarios”.
Juan Martin (PRO – Unión Republicana) objetó la previsión fiscal: “Estamos ante un gobierno que sigue sin ordenar el Estado. Hay un superávit mínimo, más deuda y servicios esenciales al límite”. Destacó los topes al inmobiliario y automotor, impulsados por su bancada, aunque advirtió “discrecionalidad peligrosa” en Ingresos Brutos.
El radical Ariel Bernatene votó positivamente, describiendo la iniciativa como “un presupuesto equilibrado y ordenado fiscalmente, que prioriza áreas estratégicas”. Subrayó que el paquete fiscal “mantiene actualizaciones por debajo de la inflación” y valoró la reducción de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos en energía y gas porque “baja costos estructurales para pymes y familias”.
Otro eje de discusión fue el endeudamiento. El bloque del PJ – Nuevo Encuentro anticipó rechazo a artículos específicos que habilitan nueva deuda. “Las proyecciones macroeconómicas del Gobierno nacional son irreales”, señaló el legislador Leandro García, quien advirtió una “caída en términos reales” de partidas sensibles como Salud y Seguridad.
Desde Primero Río Negro, Yolanda Mansilla señaló que el presupuesto debe mejorar infraestructura educativa, atención primaria y seguridad, y planteó que será necesario “modificar la Ley Impositiva” para garantizar el financiamiento.
Magdalena Odarda (VcT) rechazó la iniciativa al sostener que implica “ajuste y sueldos congelados”, al tiempo que denunció falta de equidad en la distribución de obras y una “política regresiva” respecto de recursos hídricos y minería.
El debate se extendió sobre subejecución presupuestaria, cargos en la planta estatal, relación con municipios opositores y la necesidad de discutir un modelo de planificación alternativa. En ese sentido, Santiago Ibarrolaza (PRO) propuso aplicar la metodología de “presupuesto base cero” para revisar prioridades desde cero.
Más allá de las diferencias, todos los bloques coincidieron en que la Nación recortó recursos de manera significativa y que el Presupuesto 2026 se vota en un escenario de tensión económica.
La sanción definitiva será publicada en los próximos días y permitirá al Ejecutivo iniciar el ejercicio fiscal con herramientas tributarias y financieras definidas para afrontar un año que la mayoría de los legisladores caracterizó como complejo.
