Una docente de Bariloche con más de 32 años de antigüedad fue diagnosticada con una enfermedad en las cuerdas vocales que le impedía realizar sus tareas con normalidad. A mediados de 2021 recibió el diagnóstico de disfonía funcional irreversible y hiatus longitudinal, lo que le generó fatiga vocal.
La maestra realizó tratamientos a través de la ART, pero las secuelas persistieron. En diciembre de 2023, la Comisión Médica dictaminó que no tenía incapacidad, pese a que ya había sido recalificada y trasladada a tareas administrativas porque no podía continuar en el aula.
La mujer impugnó esta decisión y alegó que su enfermedad era irreversible. Agregó que afectó tanto su desempeño profesional como su calidad de vida. Ante la negativa de la aseguradora estatal, inició una demanda en el fuero laboral.
Luego de analizar el caso, la Cámara Primera del Trabajo falló a favor de la docente y exigió el reconocimiento de su enfermedad laboral tras años de desempeño profesional. Se comprobó que la afección le provocó dificultades graves para hablar.
Pese a los tratamientos recibidos y su posterior recalificación para tareas administrativas, la ART Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. sostuvo que no presentaba una incapacidad que justificara una indemnización.
En su fallo, los jueces y la jueza del tribunal hicieron especial hincapié en el deterioro de la salud de la trabajadora y en la naturaleza de su actividad profesional.
“La voz es su herramienta de trabajo principal. No puede pensarse que la afectación que padece sea ajena a su profesión y que la imposibilidad de ejercer la docencia en plenitud no tenga consecuencias sobre su calidad de vida y su situación laboral”, sostiene la sentencia.
Para el tribunal, la negativa de la ART se basó en una interpretación restrictiva que no contempló la totalidad de la prueba médica presentada por la maestra de nivel inicial.
El fallo menciona los exámenes fonoaudiológicos que constataron el deterioro progresivo de la voz de la docente y su impacto en la capacidad de comunicación. También cita peritajes médicos que estimaron su incapacidad en un 20%, lo que contradecía el dictamen de la Comisión Médica.
“No se puede ignorar la evidencia sobre la afectación funcional de la actora, la cual ha sido acreditada con informes técnicos y médicos concluyentes”, indica el fallo.
Además, el tribunal destacó que la recalificación laboral de la docente no podía considerarse una solución definitiva. Si bien se le asignaron tareas administrativas, ello no compensaba el daño sufrido ni la pérdida de oportunidades dentro de su carrera profesional.
“La reubicación no borra la imposibilidad de desempeñar su rol habitual ni el perjuicio ocasionado por la afectación permanente de su capacidad vocal”, subraya la sentencia. La Cámara condenó a la ART Horizonte a indemnizar a la docente con un monto de $5.920.819 más un adicional del 20% según lo previsto por la Ley 26.773.
