En los últimos días salió a la luz una presentación judicial realizada por la ONG ARM Global en los tribunales de Comodoro Py, donde solicita que se trace en detalle el financiamiento de la campaña de la senadora electa Lorena Villaverde. La denuncia, que recayó en el Juzgado Federal N.º 5, pide impedir que la dirigente asuma su banca hasta que se esclarezca el origen de los aportes, en el marco de su vínculo con Fred Machado y Claudio Ciccarelli. A ello se sumó un nuevo foco de duda vinculado a facturaciones en Río Negro.
En un primer momento, el cuestionamiento se centró en una boleta por 73 millones de pesos presentada por un periodista que trabaja en ANSES. Sin embargo, con el correr de los días el caso se amplió y ahora son varias las facturas bajo análisis. Así, el partido del presidente enfrenta un nuevo escándalo en la provincia.
Frente a este escenario, el responsable financiero, tesorero de La Libertad Avanza, Roberto Zgaib, publicó un comunicado en sus redes sociales titulado “La verdad de los hechos”, donde detalla el recorrido interno que hizo desde que detectó “inconsistencias” en un intento de cobro por servicios presuntamente prestados durante la campaña.
“No solo tengo la función de pagar las facturas de gastos de la campaña electoral, sino la obligación de verificar la veracidad de dichos gastos, así como también verificar que los fondos utilizados para pagarlos sean de origen lícito”, sostuvo Zgaib.
El documento menciona dos facturas vinculadas a un proveedor identificado como Abelardo Calfin uno por $68.500.000 y otro por $73.022.000 y describe que el responsable de campaña en ese entonces, Julián Goinhex, le pidió abonar la primera “con urgencia”. Al día siguiente, relata, le envió una segunda factura “diciéndome que esa es la que corresponde pagar, que la anterior no la pague”. Según Zgaib, ninguna de las dos figuraba en el sistema ARCA de la alianza.
Zgaib asegura que se reunió con Calfin, a quien identifica como afiliado a La Libertad Avanza y empleado de ANSES, y que éste le dijo que había afrontado los gastos con dinero propio: “Me admite que dice que los trabajos estaban hechos y me entrega una hoja que él mismo había hecho y adjuntado a la factura”, detalló el encargado financiero. Le pidió entonces una nota de su superior que corroborara que no existía incompatibilidad con su función pública, pero nunca obtuvo respuesta.
Otro de los puntos críticos expuestos es la verificación física de los carteles publicitarios incluidos en las facturas, ubicados en Cipolletti. Según el comunicado, los documentos indicaban que se trataba de lonas, pero “los dos carteles eran de papel”. Tras ese hallazgo, Zgaib informó a los partidos integrantes de la alianza y recibió correos de Creo y Republicanos Unidos recomendando que “la factura no se pague hasta que se aclare la situación”.
El conflicto escaló cuando detectó que en el sistema ARCA “figuraban alrededor de 20 facturas que no fueron autorizadas por mí y no sé en qué estado están”. Según señaló, “esas operaciones no fueron pagadas desde la cuenta de la Alianza, que es lo que la ley dice hay que hacer para garantizar la trazabilidad del uso de los fondos de campaña”.
Finalmente, Zgaib informó que la factura principal fue anulada el 31 de octubre mediante una nota de crédito, lo cual, asegura, pudo constatar en la plataforma oficial.
